Ignacio Álvarez Rello / Profesor de CMI Higher Education
Tradicionalmente, en España, hablar de dificultades financieras y de la posibilidad de que una empresa acuda a un procedimiento de insolvencia se ha considerado, y probablemente se sigue considerando, un tema tabú.
Uno de los motivos parece ser el desconocimiento de la finalidad económica de estos procedimientos: procurar una reasignación eficiente de los recursos. Cuando la actividad es económicamente viable pero atraviesa dificultades financieras, se trata de reestructurar sus pasivos garantizando los derechos de los acreedores; y cuando la actividad se ha vuelto inviable, de extraer el mayor valor posible para devolver a los acreedores el mayor porcentaje de sus créditos, conforme al orden de prelación que establece la ley.
Este desconocimiento, unido a la dificultad de reconocer abiertamente que existen problemas financieros o que el proyecto empresarial ha perdido su viabilidad económica, hace que, cuando el empresario toma conciencia de que su situación es complicada y decide buscar una solución para superar sus dificultades financieras (o, si no puede superarlas, disponer de una segunda oportunidad), sea demasiado tarde.
Ese retraso en la actuación del empresario es uno de los motivos que destaca el legislador español en la exposición de motivos de la última ley que ha reformado el tratamiento de la insolvencia en España: la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
Con el fin de dotar a las pequeñas y medianas empresas de herramientas que las ayuden a detectar de forma temprana sus dificultades financieras, y siguiendo lo establecido en la Directiva (UE) 2019/1023, la Ley 16/2022 recoge en sus disposiciones adicionales y finales una serie de mecanismos: algunos ya estaban vigentes cuando se publicó la norma y otros deberán ponerse en marcha en el futuro más inmediato. Son los siguientes.
Mecanismos de prevención de la insolvencia ya existentes
Disposición adicional quinta: web para el autodiagnóstico de salud empresarial
Esta herramienta ya existía antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2022. Es completamente gratuita y puede utilizarla cualquier persona, simplemente entrando en la web de autodiagnóstico de salud empresarial. Consiste en un cuestionario sobre seis aspectos:
- Finanzas y gestión económica.
- Planificación y control.
- Relaciones comerciales: clientes y proveedores.
- Recursos humanos, familia y vida personal.
- Apoyo y asesoramiento legal.
- Redes sociales y comercio electrónico.
Disposición adicional séptima: información de los registradores mercantiles
Cuando entró en vigor la norma, este servicio todavía no existía; se desarrolló en los meses siguientes y hoy está plenamente operativo. Emite el denominado Informe sobre la posición de riesgo, cuya fuente de datos son las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. No es gratuito y solo pueden obtenerlo los apoderados de una empresa inscritos en el Registro Mercantil, y exclusivamente para su propia empresa.
Disposición final quinta: modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (nuevo artículo 589.3)
Si el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo, o el valor de los señalados es insuficiente, el letrado de la Administración de Justicia deberá dictar un decreto advirtiéndole de que, en caso de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio de negociaciones con sus acreedores, o su voluntad de iniciarlas, con la consiguiente paralización de las ejecuciones.
Mecanismos de prevención de la insolvencia pendientes de implementarse
Disposición adicional duodécima: asesoramiento a empresas en dificultades
El Gobierno promoverá la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en una fase temprana de sus dificultades, con el propósito de evitar su insolvencia.
Este servicio se prestará a solicitud de las empresas, tendrá carácter confidencial y no impondrá obligaciones de actuación a las empresas que acudan a él ni supondrá la asunción de responsabilidad alguna por parte de quienes lo presten.
Conclusiones
- En España existe un desconocimiento general de la finalidad económica de los procedimientos de insolvencia, que no es otra que permitir la continuidad de las empresas económicamente viables, reestructurando su pasivo y respetando los derechos de los acreedores, o bien, si la empresa no es viable, maximizar su valor para que los acreedores recuperen el mayor porcentaje posible de sus créditos.
- Este desconocimiento hace que normalmente se busque ayuda tarde, lo que dificulta alcanzar esa finalidad en cada caso.
- La Directiva europea de insolvencia de 2019 estableció mecanismos para promover la detección temprana de las dificultades y acudir lo antes posible a un procedimiento de insolvencia, y algunos de ellos ya se han incorporado al derecho positivo español.
- Estos mecanismos deben seguir desarrollándose, y es necesario concienciar a los emprendedores españoles para que los utilicen y, ante la más mínima alerta, acudan a un especialista en insolvencias que les oriente sobre las alternativas existentes para causar el menor perjuicio posible a sus acreedores y, en consecuencia, a la economía en general.
Sobre el autor
Ignacio Álvarez Rello es economista forense, auditor de cuentas, experto contable, administrador concursal y experto en reestructuración. Es Profesor Asociado del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de CMI Higher Education en el Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles, donde imparte las asignaturas Reestructuración y Reflotamiento de Empresas y Dirección de Políticas Financieras Sostenibles. Ver su perfil.
